miércoles, 19 de septiembre de 2012

Las condiciones de Sheldon Adelson para Eurovegas


¡¡ ASI SEGURAMENTE TAMBIEN HAGO NEGOCIOS YO !!) 

  Las condiciones de Sheldon Adelson para la instalación de Eurovegas

 

   El magnate de los casinos Sheldon Adelson, propietario del grupo

 Las Vegas Sands, ha impuesto una serie de condiciones para instalar el

 macroproyecto Eurovegas en España.  Sheldon, exige condiciones que

 convertirían esas instalaciones en un paraíso fiscal y laboral y que

 pueden resumirse en lo siguiente:

 

 · Exención del pago de las cuotas a la Seguridad Social de los

 empleados de dos años.

  · Exención de impuestos municipales, regionales y estatales durante

 2 años y del IBI durante, al menos, 10 años.

  · Un aval del Estado de 25 millones de euros, que solicitara al Banco

 Europeo de Inversiones y que, si el negocio no prospera tendrá que

 pagar la administración.

 > · Cesión gratuita del suelo público que necesite, además de las  expropiaciones que procedan (que tendrá que pagar la administración).

 > · Exclusividad en el negocio durante 10 años, o sea, que no puede  instalarse ninguna otra actividad que pueda suponer una competencia.

 > · Modificación del Estatuto de los Trabajadores a fin de terminar  con la regulación de convenios colectivos con el personal empleado.

 > · Modificación de la ley de extranjería a fin de poder contratar  personal extranjero que estaría sujeto a la legislación y condiciones laborales de su país de origen (por ejemplo, si es pakistaní, podría trabajar sin contrato de trabajo y en las condiciones salariales que rijan en Pakistán).

 > · Cambio de legislación sobre la prevención del blanqueo de  capitales, con flexibilización de los controles. En definitiva, que el dinero con el que juegan o que ganen en las instalaciones pueda salir del país sin ningún tipo de control administrativo. Podría entrar al país dinero del narcotráfico y salir dinero español en dirección a los paraísos fiscales sin control de Hacienda.

 > · Autorización para entrar en las instalaciones ludópatas y menores  de edad,circunstancias que actualmente prohíbe la ley del juego en España.

 > · Modificación de la ley antitabaco, de tal forma que se pudiera  fumar en todas sus instalaciones en contra de lo establecido en el resto del estado.

 > · Construcción de las instalaciones e infraestructuras que se  soliciten (ha pedido una estación del AVE, una de cercanías y el enlace con la red de metro o metro-ligero así como modificación del Aeropuerto de Barajas para llegada y salida de jet privados). En definitiva, todo esto supondrá un coste para la Administración de 2.600 millones de euros.

 > · Plena disponibilidad de agua para las instalaciones, incluidos  los tres campos de golf que se pretenden construir, lo que supone una clara amenaza a los recursos hídricos de la zona.

 > · Si el lugar elegido fuera el ensanche de Vallecas, el traslado  del vertedero de Valdemingomez, lo que supondría un gasto para la administración de unos 200 millones de euros, además de buscar una localización idónea.

 

> A cambio de todo esto, ¿que ofrece?

 

> El proyecto final, podría suponer la construcción de 12 hoteles, seis  casinos con más de mil mesas de juego y 15.000 máquinas recreativas, tres campos de golf y nueve teatros. Todo esto se construiría si el negocio funcionara tal y como pretende. El proyecto se inicia con 1/3 de lo prometido, a la espera de que funcione, pero la reserva del suelo, las infraestructuras, la modificación legislativa, la exacciones fiscales, el aval del préstamo y demás apartados que se han citado, deben estar listos desde el inicio del proyecto. En el caso de que el proyecto no funcione lo abandonarían y nos dejarían con las infraestructura en desuso, tal y como ha quedado la estación de cercanías de la Warner.

 

y ahora me pregunto yo .....¿ESTAMOS TONTOS EN ESTE PAÍS o que..?

 

 Mr. Adelson...vuélvase a Boston..su ciudad natal e instale sus

 casinos allí... listo!!!!!

 

domingo, 16 de septiembre de 2012

Una teoría de la clases política española (César Molinas)



Una teoría de la clase política española

Los partidos han generado burbujas compulsivamente

 
En este artículo propongo una teoría de la clase política española para argumentar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar nuestro sistema electoral para adoptar un sistema mayoritario. La teoría se refiere al comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en términos de comportamientos individuales. ¿Por qué una teoría? Por dos razones. En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y, en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de la clase política española debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:

¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a España?

¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis? ¿Cómo es posible que la clase política española parezca genéticamente incapaz de planificar?

¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser ejemplar? ¿Cómo es posible que nadie-salvo el Rey y por motivos propios- haya pedido disculpas?

¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?

En lo que sigue, argumento que la clase política española ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva, según la terminología popularizada por Acemoglu y Robinson. Los políticos españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Estos procesos han llevado a España a los rescates europeos, resistidos de forma numantina por nuestra clase política porque obligan a hacer reformas que erosionan su interés particular. Una reforma legal que implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo ante la cúpula de su partido, daría un vuelco muy positivo a la democracia española y facilitaría el proceso de reforma estructural. Empezaré haciendo una breve historia de nuestra clase política. A continuación la caracterizaré como una generadora compulsiva de burbujas. En tercer lugar explicitaré una teoría de la clase política española. En cuarto lugar usaré esta teoría para predecir que nuestros políticos pueden preferir salir del euro antes que hacer las reformas necesarias para permanecer en él. Por último propondré cambiar nuestro sistema electoral proporcional por uno mayoritario, del tipo first-past-the-post, como medio de cambiar nuestra clase política.

La historia

Los políticos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí mismos como políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron nunca. Estos políticos tomaron dos decisiones trascendentales que dieron forma a la clase política que les sucedió. La primera fue adoptar un sistema electoral proporcional corregido, con listas electorales cerradas y bloqueadas. El objetivo era consolidar el sistema de partidos políticos fortaleciendo el poder interno de sus dirigentes, algo que entonces, en el marco de una democracia incipiente y dubitativa, parecía razonable. La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba al de la primera, fue descentralizar fuertemente el Estado, adoptando la versión café para todos del Estado de las autonomías. Los peligros de una descentralización excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a partir del papel vertebrador que tendrían los grandes partidos políticos nacionales, cohesionados por el fuerte poder de sus cúpulas. El plan, por aquel entonces, parecía sensato.

Pero, tal y como le ocurrió al Dr. Frankenstein, lo que creó al monstruo no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando el cerebro equivocado. Por una serie de imponderables, a la joven democracia española se le acabó implantando una clase política profesional que rápidamente devino disfuncional y monstruosa. Matt Taibbi, en su célebre artículo de 2009 en Rolling Stone sobre Goldman Sachs “La gran máquina americana de hacer burbujas” comparaba al banco de inversión con un gran calamar vampiro abrazado a la cara de la humanidad que va creando una burbuja tras otra para succionar de ellas todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil parecido para la actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles han sido los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro monstruo.

En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy distinta de la que protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los cachorros de las juventudes de los diversos partidos políticos acceden a las listas electorales y a otras prebendas por el exclusivo mérito de fidelidad a las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir a los partidos en estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento personal directo de la sociedad civil o de la economía real. La política y sus aledaños se han convertido en un modus vivendi que alterna cargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos públicos y, también, con canonjías en empresas privadas reguladas que dependen del BOE para prosperar.

En segundo lugar, la descentralización del Estado, que comenzó a principios de los 80, fue mucho más allá de lo que era imaginable cuando se aprobó la Constitución. Como señala Enric Juliana en su reciente libro Modesta España, el Estado de las autonomías inicialmente previsto, que presumía una descentralización controlada de “arriba a abajo”, se vio rápidamente desbordado por un movimiento de “abajo a arriba” liderado por élites locales que, al grito de “¡no vamos a ser menos!”, acabó imponiendo la versión de café para todos del Estado autonómico. ¿Quiénes eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Juliana se limita a señalar a “un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo”. Eso es, sin duda, verdad. Pero, adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de los sistemas clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias desde 1833, miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e incertidumbre, lo que les pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a “cambiarlo todo para que todo siga igual” y a ponerse en cabeza de la manifestación descentralizadora. Como resultante de estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de las Administraciones Públicas: 17 administraciones y gobiernos autonómicos, 17 parlamentos y miles -literalmente miles- de nuevas empresas y organismos públicos territoriales cuyo objetivo último en muchos casos, era generar nóminas y dietas. En ausencia de procedimientos establecidos para seleccionar plantillas, los políticos colocaron en las nuevas administraciones y organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales que era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. A partir de una Administración hipertrofiada, la nueva clase política se había asegurado un sistema de captura de rentas -es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros- por cuyas alcantarillas circulaba la financiación de los partidos.

En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los partidos políticos se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que las Administraciones Públicas. La idea de que la España autonómica podía ser vertebrada por los dos grandes partidos mayoritarios saltó hecha añicos cuando los llamados barones territoriales adquirieron bases de poder de “abajo a arriba” y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este imprevisto contexto, se aceleró la descentralización del control y la supervisión de las Cajas de Ahorro. Las comunidades autónomas se apresuraron a aprobar sus propias leyes de Cajas y, una vez asegurado su control, poblaron los consejos de administración y cargos directivos con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si esto fuera poco, las Cajas tuteladas por los gobiernos autonómicos hicieron proliferar empresas, organismos y fundaciones filiales, en muchas ocasiones sin objetivos claros aparte del de generar más dietas y más nóminas.

Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, la clase política española se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la política como, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la CNMV, los reguladores sectoriales de energía y telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema democrático y el Estado de derecho necesitan que estos organismos, que son los encargados de aplicar la Ley, sean independientes. La politización a la que han sido sometidos ha terminado con su independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un severo deterioro de nuestro sistema político. Pero es que hay más. Al tiempo que invadía ámbitos ajenos, la política española abandonaba el ámbito que le es propio: el Parlamento. El Congreso de los Diputados no es solo el lugar donde se elaboran las leyes; es también la institución que debe exigir la rendición de cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en cualquier democracia, ha desaparecido por completo de la vida política española desde hace muchos años. La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima grotesca de las comparecencias parlamentarias del pasado mes de julio, es sólo el último de una larga serie de casos que el Congreso de los Diputados ha decidido tratar como si fuesen catástrofes naturales, como un terremoto, por ejemplo, en el que aunque haya víctimas no hay responsables. No debería sorprender, desde esta perspectiva, que los diputados no frecuenten la Carrera de San Jerónimo: hay allí muy poco que hacer.

Las burbujas

Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores han conformado un sistema político en el que las instituciones están, en el mal sentido de la palabra, excesivamente politizadas y en el que nadie acaba siendo responsable de sus actos porque nunca se exige en serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone en cuestión los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés particular de la clase política española. Este es el contexto en el que se desarrollaron no sólo la burbuja inmobiliaria y el saqueo y quiebra de la gran mayoría de las Cajas de Ahorro, sino también otras “catástrofes naturales”, otros “actos de Dios”, a cuya generación tan adictos son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la clase política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas. Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las principales tropelías impunes de las últimas dos décadas: la burbuja inmobiliaria, las Cajas de Ahorro, las energías renovables y las nuevas autopistas de peaje.

La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global, siendo las otras dos la estadounidense y la irlandesa. No hay duda de que, como las demás, estuvo alimentada por los bajos tipos de interés y por los desequilibrios macroeconómicos a escala mundial. Pero, dicho esto, al contrario de lo que sucede en EE UU, las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político. Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del principio de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los políticos –decidir el qué y el dónde- no fuese suficiente, la transmisión del control de las Cajas de Ahorro a las comunidades autónomas añadió a los dos anteriores el poder de decisión sobre el quién, es decir, el poder de decisión sobre quién tenía financiación de la Caja de turno para ponerse a construir. Esto supuso un salto cualitativo en la capacidad de captura de rentas de la clase política española, acercándola todavía más a la estrategia del calamar vampiro de Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso! El panorama, cinco años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las Cajas de Ahorro han desaparecido, la gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica. ¡Ahí queda eso!

Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el “capitalismo castizo”, es decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. En una reunión reciente, un conocido inversor extranjero lo llamó “relación incestuosa”; otro, nacional, habló de “colusión contra consumidores y contribuyentes”. Sea lo que sea, recordemos en primer lugar la burbuja de las energías renovables. España representa un 2% del PIB mundial y está pagando el 15% del total global de las primas a las energías renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta por situarse en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se puede permitir. Pero estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase política y, también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos los niveles de la política y de la Administración. Para financiar las primas, las empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara de Europa, lo que supone una grave merma de competitividad para nuestra economía. A pesar de esos precios exagerados, y de que la generación eléctrica tiene un exceso de capacidad de más del 30%, el sistema eléctrico español ostenta un déficit tarifario de varios miles de millones de euros al año y más de 24.000 millones de deuda acumulada que nadie sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí queda eso!

La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (fútbol, televisiones…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron y construyeron haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena administración. Para empezar, se hicieron unas previsiones temerarias del tráfico que dichas autopistas iban a tener. En la actualidad el tráfico no supera el 30% de lo previsto. Y no es por la crisis: en los años del boom tampoco había tráfico. A continuación ¿incomprensiblemente? el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, porque al disfrazarse los constructores de concesionarios mediante unas sociedades con muy poco capital y mucha deuda, se facilitaba que pasara lo que acabó pasando: los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y, al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales acreedores eran ¡oh sorpresa! las Cajas de Ahorro. Los más de 3.000 millones de deuda nadie sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente pero, en cualquier caso, ¡ahí queda eso!

La teoría

Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que he resumido unos pocos “hechos estilizados” que considero representativos del comportamiento colectivo, no necesariamente individual, y esto es importante recordarlo, de los políticos españoles. Paso ahora a formular una teoría de la clase política española como grupo de interés.

El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política española no sólo se ha constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro Por qué fracasan las naciones. Una élite extractiva se caracteriza por:

"Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio".

"Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder político y económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las reglas del mercado libre. Dicho de otro modo, tener el poder suficiente para condicionar el funcionamiento de una sociedad abierta -en el sentido de Popper- u optimista -en el sentido de Deutsch".

"Abominar la 'destrucción creativa', que caracteriza al capitalismo más dinámico. En palabras de Schumpeter "la destrucción creativa es la revolución incesante de la estructura económica desde dentro, continuamente destruyendo lo antiguo y creando lo nuevo". Este proceso de destrucción creativa es el rasgo esencial del capitalismo.”Una élite extractiva abomina, además, cualquier proceso innovador lo suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o político".

Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro preguntas que se le han planteado al principio del artículo? Veamos:

La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura de rentas los que la han provocado y eso, claro está, no lo pueden decir. Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no explica seis millones de parados, un sistema financiero parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. La clase política española tiene que defender, como está haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación.

La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea.

¿Pidieron perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna disculpa de algún político por la situación en la que está España? No, ni la oirá, por la misma razón que los controladores. ¿Cómo es que, como medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del Senado, de las diputaciones, la reducción del número de ayuntamientos…? Pues porque, caídas las Cajas de Ahorro -y ante las dificultades presentes para generar nuevas burbujas- la defensa de las rentas capturadas restantes se lleva a ultranza.

Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los partidos políticos españoles comparten un gran desprecio por la educación, una fuerte animadversión por la innovación y el emprendimiento y una hostilidad total hacia la ciencia y la investigación. De la educación sólo parece interesarles el adoctrinamiento: las estridentes peleas sobre la Educación para la Ciudadanía contrastan con el silencio espeso que envuelve las cuestiones verdaderamente relevantes como, por ejemplo, el elevadísimo fracaso escolar o los lamentables resultados en los informes PISA. La innovación y el emprendimiento languidecen en el marco de regulaciones disuasorias y fiscalidades punitivas sin que ningún partido se tome en serio la necesidad de cambiarlas. Y el gasto en investigación científica, concebido como suntuario de manera casi unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo político relevante haya protestado por un disparate que compromete más que ningún otro el futuro de los españoles.

La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la clase política española. Veamos qué nos dice sobre el futuro.

La predicción

La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés particular de la clase política española y el interés general de España. Las reformas necesarias para permanecer en el euro chocan frontalmente con los mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una reducción estructural del gasto de las Administraciones públicas superior a los 50 millardos de euros, un 5% del PIB. Esto no puede conseguirse con más recortes coyunturales: hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas. Se tiene que reducir drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de empresas, organismos y fundaciones, constituye una de las principales fuentes de rentas capturadas por la clase política. Por otra parte, para volver a crecer, la economía española tiene que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas más reformas para abrir más sectores a la competencia, especialmente en el mencionado sector público empresarial y en sectores regulados. Esto debería hacer más difícil seguir creando burbujas en la economía española.

La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la del mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que tarde.

La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el sentimiento “pro peseta”. De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas tiene la consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para, cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior que impone recortes insufribles al Estado de bienestar. También, por poner un ejemplo, los controladores aéreos presentaban la defensa de su interés particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo. La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en 1814, Fernando VII – El Deseado- aplastó la posibilidad de modernización de España surgida de la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las “caenas”! Por supuesto que al Deseado actual –llámese Mariano, Alfredo u otra cosa- habría que jalearle incorporando la vigente sensibilidad autonómica, utilizando gritos del tipo ¡viva Gürtel! ¡vivan los ERE de Andalucía! ¡visca el Palau de la Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las diferencias serían más de forma que de fondo.

Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque los países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería desastrosa para España. Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos en EL PAÍS el pasado mes de junio, no sólo una vuelta a la España de los 50 en lo económico, sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas. Los liberales, como en 1814, serían masacrados –de hecho, en los dos partidos mayoritarios, ya se observan movimientos en esa dirección.

El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente corto es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo por evitarlo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando artículos como éste. Como muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase política española es inmenso, pero no tiene alternativa a corto plazo. A más largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.

Cambiar el sistema electoral

La clase política española, como hemos visto en este artículo, es producto de varios factores entre los que destaca el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos. Este sistema da un poder inmenso a los dirigentes de los partidos y ha acabado produciendo una clase política disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto -todos tienen ventajas e inconvenientes- pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en España se tendría que cambiar de sistema con el objetivo de conseguir una clase política más funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos poder que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan de las urnas está menos mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay inconvenientes. Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos minoritarios que podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto perjudicaría a partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a partidos minoritarios de base regional. En cualquier caso, el rasgo relevante de un sistema mayoritario es que el electorado tiene poder de decisión no solo sobre los partidos sino también sobre las personas que salen elegidas y eso, en España, es ahora una necesidad perentoria que compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.

Un sistema mayoritario no es bálsamo de Fierabrás que cure al instante cualquier herida. Pero es muy probable que generase una clase política diferente, más adecuada a las necesidades de España. En Italia es inminente una propuesta de ley para cambiar el actual sistema proporcional por uno mayoritario corregido: dos tercios de los escaños se votarían en colegios uninominales y el tercio restante en listas cerradas en las que los escaños se distribuirían proporcionalmente a los votos obtenidos. Parece ser que el Gobierno “técnico” de Monti ha llegado a conclusiones similares a las que defiendo yo aquí: sin cambiar a una clase política disfuncional no puede abordarse un programa reformista ambicioso. Y es que, como le oí decir una vez a Carlos Solchaga, un “técnico” es un político que, además, sabe de algo. ¿Para cuándo una reforma electoral en España? ¿Habrá que esperar a que lleguen los “técnicos”?

César Molinas publicará en 2013 un libro titulado “¿Qué hacer con España?”. Este artículo corresponde a uno de sus capítulos.

sábado, 15 de septiembre de 2012

Y a ver que tal (Alfonso Ussía)


 4 Septiembre 12 - - Alfonso Ussía 

 

Me decía mi cada día más añorado Antonio Mingote: «Si dijéramos en público lo que manifestamos en privado, más de uno se llevaría un susto». Cierto como que existen las vacas lecheras. Hemos confundido democracia con silencio y libertad con hipocresía. Sólo se atreven a decir lo que piensan los que carecen de complejos. El complejo de demócrata es tan nocivo como el complejo de inferioridad. Un demócrata, un ciudadano que respeta la opinión ajena, cumple con sus obligaciones tributarias, vive pacíficamente, supera las dificultades, acude a las urnas a depositar su voto y cree vivir en libertad, tiene todo el derecho del mundo a decir lo que piensa, aunque ello resulte políticamente incorrecto para los acomplejados. Aunque no me gustan algunas de sus artimañas, me tranquilizó lo que se atrevió a decir Basagoiti días atrás. «Me importan un bledo los enfermos de la ETA». Coincido plenamente en el bledo. Un Estado de Derecho, como lo es el español, no puede sostenerse camuflado en el eterno temor al que dirán. Me importa un bledo el qué dirán a estas alturas de mi vida. Ha fracasado rontundamente el concepto de Estado de las Autonomías. Aquel «café para todos» ha terminado con nuestros recursos. España tiene en los actuales momentos 400.000 políticos que pagamos entre todos. A ellos hay que sumar los asesores personales. España ha vuelto al feudalismo con diecisiete reyezuelos, dos de los cuales reinan y derrochan en sus territorios con un único fin. La escisión, el separatismo y la patada en el culo a quienes no hemos hecho otra cosa que soportar sus continuas impertinencias, y en el caso del nacionalismo vasco, su complicidad romántica con los asesinos. Adelgazar el Estado no significa reducir el número de ministros, de concejales y de asesores. Es más traumático, pero pronto se verían las excelencias de la buena cirugía. El buenismo de nuestra Sanidad y nuestra Defensa no tiene parangón en ninguna nación civilizada y desarrollada. España es una democracia en la que insultar al Rey, vejar a los jueces y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y robar a la luz del día, se han convertido en «asuntos menores». Encarcelamos a los que roban gallinas y soltamos a los criminales terroristas por temor a un alboroto. Tenemos un Tribunal Constitucional del que forman parte seis individuos que abren las puertas de las instituciones a los terroristas. Los seis, qué casualidad, designados por el PSOE. Tenemos presidentes de comunidades, es decir, representantes del Rey en sus territorios, que se sientan todos los meses con los terroristas para pactar el futuro. Tenemos, en Cataluña, un Gobierno de la Generalidad que desobedece y tira a la papelera las sentencias del Tribunal Supremo. Tenemos unos sindicatos que quieren quemar la calle con el dinero que le damos, no voluntariamente, los chamuscados o incinerados por su brutalidad del siglo XIX.  Tenemos una Oposición desleal y antidemocrática que no ha sabido perder las elecciones, y un Gobierno pusilánime, acomplejado y a todas luces, ineficaz. Tenemos una deuda con las víctimas del terrorismo, que en lugar de solventarla, la estamos aumentando con nuestra cobardía y silencio. Tenemos una nación maravillosa, España, masacrada por un Estado, su administrador, rotundamente nefasto. Tenemos a una derecha que empieza a esconderse y a una izquierda que vive con ochenta años de retraso. Tenemos una clase política –con excepciones–, singularmente lamentable. Y tenemos a nuestros soldados en Afganistán y en el  Líbano, allá donde son enviados, cumpliendo con un espíritu insuperable, cuando en realidad donde nos harían falta es en Guipúzcoa. Y eso es lo que quería decir y que nadie se atreve. Ya hemos cumplido con Afganistán. Vamos a cumplir con España, y a ver que tal.

 

 

Otra gigantesca burbuja financiera y de deuda


OTRA GIGANTESCA BURBUJA FINANCIERA Y DE DEUDA

(El Confidencial 14 septiembre 2012)


Hasta hace poco parecía imposible un rescate de España sin que se hundiera el euro –“too big to fail- y hoy, sin embargo, nadie parece extrañarse. Y lo que es peor, se plantea el rescate a un país cuyo problema no es de liquidez sino de solvencia. “El Banco Central Europeo (BCE) está colaborando en una gigantesca burbuja financiera”, sentenciaba el jueves el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pero el tema es peor de lo que Alemania y el BCE creen. La economía española, como consecuencia de las brutales subidas de impuestos al consumo, a la renta de las familias y a la actividad productiva, se encuentra en caída libre, y eso significa lisa y llanamente que España carece ya de capacidad para devolver su inmensa deuda pública, que ha crecido en 400.000 millones de euros en cuatro años, igual que la deuda del sistema financiero, que asciende ya a 892.000 millones de euros, 716.000 millones con bancos y cajas europeas y 176.000 con la autoridad monetaria.

El tamaño de la deuda externa de España es ya diez veces superior a la griega, aunque su economía es solo cinco veces mayor. Eso lo tienen clarísimo los inversores privados, que están huyendo de España a toda velocidad. Han sacado 220.000 millones en solo seis meses, un 21% del PIB, algo que ninguna economía puede permitirse; solo Alemania y el BCE parecen ignorar el desastre que tenemos encima. “Yo confío plenamente en Rajoy”, dice la canciller Merkel, una ciega declaración de “amor” totalmente fuera de la realidad, porque si algo ha demostrado Rajoy es que nadie puede confiar en él. El 84% de los españoles ya no confían en él y la mitad de sus electores no volvería a votarle.

Ahora el BCE quiere comprar bonos a tres años, un rescate que, sin controles creíbles sobre el uso del dinero y el control del gasto, será un desastre para España y para los españoles. Váyanse haciéndose a idea de un hundimiento económico y social que durará varias generaciones, y si lo visto les parece un desastre, ni se imaginan lo que nos espera. Ni un solo euro llegará a la economía productiva, es solo dar más droga a los drogadictos sin que se haya hecho reforma de verdad alguna.

Nada se ha hecho de lo que se debe hacer, ni se ha reformado nada de la manera que se hacen los negocios –los ricos no pagan impuestos, las grandes empresas pagan la mitad de lo que teóricamente les corresponde y los grandes delincuentes empresariales o no son procesados, o en los casos extremos, si son procesados y condenados, son indultados por el gobierno– y menos aún se ha controlado el despilfarro masivo dinero público con las regiones y los ayuntamientos -completamente fuera de control- y el sistema financiero, en situación desconocida. Y Rajoy ni sabe ni tiene ni la más mínima intención de hacer nada.

Alemania impone, pero ni entiende ni controla junto con la UE los agujeros en países como Italia, Grecia y España. Nunca nadie ha sido condenado por construir aeropuertos sin uso, o llevado a la bancarrota a entidades financieras gigantescas o arruinado regiones tan importantes como Cataluña o Valencia por la desastrosa gestión de los fondos públicos españoles y europeos. Algunos piden abrir un debate nacional sobre el rescate, algo así como sobre el sexo de los ángeles, porque ya no hay dinero. El rescate no es la cuestión, es ya inevitable, sino las condiciones. Y la única que nos salvaría del desastre es un referéndum: autonomías sí o no, y democracia real u oligarquía. Esa debe ser la condición del rescate. Si no, corten el grifo ya.

El dinero inyectado desde Europa sin control ha arruinado España

Sin el dinero que instituciones financieras, primero, y posteriormente el BCE prestaron en forma ilimitada a una oligarquía política y financiera absolutamente corrupta a partir de 2005, la burbuja inmobiliaria en España no hubiera podido producirse. Y sin esas inyecciones España se hubiera visto obligada a hacer sus deberes durante la época de los socialistas -de 2004-2011- y no se encontraría hoy en una situación tan desesperada que ha endeudado España por encima de lo asumible para varias generaciones. En este contexto se tiene que hablar del irresponsable comportamiento de los bancos europeos, cajas alemanas particularmente, que prestaron más de 700.000 millones de euros sin análisis ni control alguno a unos bancos y cajas españolas absolutamente politizadas y corruptas.

Alemania y Europa empezaron entre 2002 y 2007 a entregar dinero a España como si fueran cromos. Gracias a ese disparate, decenas de bancos y cajas que deberían haber sido cerradas permanecieron abiertas y la oligarquía política de la mano de la empresarial construyó lujosos polideportivos en cada pueblo, palacios de congresos en cada ciudad, parques temáticos ruinosos, decenas de universidades sin alumnos, hospitales sin enfermos, los AVES y las autovías más lujosas de Europa, mientras se mantenían la red de mercancías y la red carreteras secundarias más obsoletas del mundo desarrollado. Un despilfarro y una corrupción monstruosas –las comisiones pagadas son las mayores de la historia de España- que en nada ha mejorado la competitividad del país.

Lo que al parecer el presidente del BCE, Mario Draghi, ofrecerá a España es más de lo mismo. Un rescate precautorio de entre 20.000 y 100.000 millones de euros a un año, renovables dos veces por seis meses. Hay varias posibilidades, pero la más probable es una línea de crédito con “condicionalidad reforzada”, una auténtica tomadura de pelo, pues la “condicionalidad” se refiere a que España deberá adoptar la medidas de corrección del déficit que le dé la gana al gobierno, es decir, subir más impuestos, recortar pensiones y prestaciones de todo tipo y bajar salarios, pero nada de reducir el despilfarro autonómico.

Draghi dice también que se realizaran auditorías de las cuentas públicas para “comprobar si se cumplen o no los objetivos de déficit. Y si no se cumplen, particularmente si se alejan mucho, el rescate preventivo pasará a ser rescate en toda regla”. El planteamiento es tan absurdo que uno no entiende cómo se ganan el sueldo los burócratas del BCE y de la Comisión. ¿Qué es eso de que comprobarán si se cumplen o no los objetivos de déficit? ¿Es que no se han enterado de que el Estado está gastando el doble de lo que ingresa, y que la subida del IVA aportará solo 2.500 millones de aquí a fin de año? ¿Es que no se han enterado que las regiones y los ayuntamientos están todos quebrados y siguen gastando sin límite? ¿Es que no han visto que con las cifras a julio el déficit 2012 va a superar de largo el 10% del PIB?

¡A ver si se enteran en Alemania y en el BCE: España no cumple ya ni de lejos los objetivos de deuda, ni de crecimiento ni de nada, y cuanto más dinero le den a este Gobierno, mayor ruina supondrá para las futuras generaciones de españoles, porque ni un euro de ese dinero irá a la economía productiva, solo a tapar los agujeros bancarios y al despilfarro de regiones y ayuntamientos! ¿A qué viene entonces entregar más dinero a un gobierno irresponsable y corrupto, que arruine más aún a varias generaciones de españoles?

Y luego el colmo del sarcasmo, “el objetivo del programa preventivo es apoyar políticas sanas”. ¿Qué entienden los burócratas del BCE por políticas sanas? ¿Darle 23.000 a Bankia que, como nos dice su presidente, nos lo “devolverá” dentro de 20 años? ¿Seguir financiando los agujeros de CCAA y Ayuntamientos, que han despilfarrado ya más de 40.000 millones en 2012, y ahora necesitan 18.000 más y lo que sea menester, porque literalmente no les da la gana recortar gasto ni despedir a sus parientes, a sus amantes y a sus amigos? Y esto no es retórico, es exactamente lo que está pasando. Ni el pueblo español, ni el alemán, ni ningún otro se merecen unas instituciones europeas tan profundamente ignorantes y irresponsables.

Claro que el primer premio corresponde al líder de la oposición, Sr. Rubalcaba, responsable principal junto con Zapatero de la ruina de España, que ha encontrado la solución a todos nuestros problemas: por tercera vez los socialistas anuncian “una gran reforma fiscal” –¡hombre, no iba a ser una pequeñita!– y ¡cómo no! la enésima “ley de sostenibilidad social y de los grandes expresos europeos”. Pero no se crean que esto es todo, no, Rubalcaba tenía un arma secreta. “Les digo a los europeos que los socialistas no aceptaremos ni un recorte más”, o sea seguir gastando el doble de lo que se ingresa y la diferencia que la pongan los alemanes y el BCE sin condición ni límite alguno, y además, los 140.000 millones de deuda que vencen anualmente. ¿Pero cómo no se nos habría ocurrido antes?

*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista;

Roberto Centeno es catedrático de Economía de la Universidad Politécnica

sábado, 1 de septiembre de 2012

Mediocridad de un país (Forges)


Escribe Forges:


 "Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que...
 económica, va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los
 banqueros o la prima de riesgo.
Asumir que nuestros problemas no se
 terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas
 urgentes o una huelga general. Reconocer que el principal problema de
 España no es Grecia, el euro o la señora Merkel.  Admitir , para tratar de corregirlo, que nos hemos  convertido en un país mediocre.
 
 Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana.
 Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado de una cadena que comienza
 en la escuela y termina en la clase dirigente. Hemos creado una cultura en
 la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los
 primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en
 los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones,
 sin importar lo que hagan. Porque son de los nuestros.


 Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por
 aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi
 siempre reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.


 - Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos
 al día frente a un televisor que muestra principalmente basura.
 - Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un presidente
 que hablara inglés o tuviera unos mínimos conocimientos sobre política
 internacional.
 - Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha
 conseguido dividir incluso a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
 - Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en
 tres décadas
hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo
 desarrollado.
 - Mediocre es un país que no tiene una sola universidad entre las 150
 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para
 sobrevivir.
 - Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que
 sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de
 un país vecino bromean sobre sus deportistas.
 - Es mediocre un país donde la brillantez del otro
provoca recelo, la
 creatividad es marginada -cuando no robada impunemente- y la independencia
 sancionada.
 Un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional,
 perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la
 próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por
políticos que insultan sin
 aportar una idea,
por jefes que se rodean de mediocres para disimular su
 propia mediocridad, y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se
 esfuerza.


 Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de
 los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones:
 marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.


 FORGES.