antonio ruiz vega
20 de mayo de 2010 - El Manifiesto
ANTONIO RUIZ VEGA
Recientemente Izquierda Unida y el partido Unión Progreso y Democracia se han unido en su protesta contra el actual sistema de representación parlamentaria, que evidentemente les perjudica. El reglamento por el que se rigen las elecciones al Congreso (al fin y al cabo las más decisivas) ha sido objeto de muchas críticas ya que viene a primar a los partidos mayoritarios y reduce las expectativas electorales de los más pequeños.
No se suele entrar en la causa última de estos desajustes, que no es otra que la circunscripción electoral provincial, como demostraremos.
En efecto, son esos votos que van quedando descolgados en cada provincia lo que provocan la infrarrepresentación de los partidos minoritarios.
Una de las soluciones previstas para paliar el problema sería la de aumentar el número de escaños, pero en contra de ella cabe aducir que aumentaría el gasto público y la burocracia parlamentaria, ambos ya elefantiásicos.
El abandono de la circunscripción provincial solucionaría este problema de un modo radical, contribuyendo también a convertir el sistema electoral en matemáticamente justo.
Imaginemos que se fuera a una circunscripción única, de ámbito nacional, a la que cada partido presentara una lista por el total de los escaños a dirimir (más un número a decidir de suplentes). Concluido el escrutinio, se dividiría el total de votos válidos (vamos a dar una cifra teórica de 25 millones) entre los 350 escaños. En este caso el escaño saldría a unos 75.000 votos y al dividir por esta cantidad los votos obtenidos por cada partido daría el cociente de escaños, casi exacto, con apenas redondeo.
Basta hacer una pequeña extrapolación de datos para comprobar que los partidos mayoritarios verían así muy mermada su representación (el PSOE perdería unos 20 escaños y el PP algunos menos), mientras que IU, por ejemplo, obtendría unos 12 en lugar de los 2 actuales y UP y D, 4 en lugar del único actual.
Al desaparecer el vínculo (ya muy escaso, por no decir prácticamente nulo) entre diputado y territorio, aumentaría (más, si eso fuera posible), el control de los comités centrales de los partidos. No creo que la diferencia fuera espectacular, pues el actual sistema de formación de listas cerradas ya pone este control en manos de la cúpula del partido. Más sería imposible, francamente.
Una solución intermedia sería mantener las listas provinciales, cuyos diputados serían cubiertos según el resultado electoral, dejando un cupo “no territorial” para los votos que fueran quedando sueltos. El resultado, en escaños, sería el mismo.
En ambos casos, como puede fácilmente comprobarse, numerosas provincias quedarían sin representación parlamentaria, pues su electorado difícilmente daría ni para un solo diputado (menos todavía al, razonablemente, dividirse el voto entre varios partidos). Esto podrá parecer una tragedia, pero no creo que, en la práctica, fuera muy diferente al esquema actual, por cuanto el parlamentarismo español define la ausencia de vinculación entre electores y elegidos. La desaparición de la circunscripción provincial, o al menos su relativización, quizá promoviera estrategias regionales más compactas. En cualquier caso ya hay autonomías, como la catalana, que van paulatinamente a la eliminación de este estamento intermedio, la provincia, que muchos consideran obsoleto.
Es improbable, sin embargo, que este sistema (o cualquier otro semejante) llegue a aplicarse. Nadie tira piedras a su tejado y no veo el modo mediante el cuál partidos con escasa implantación, como los antedichos, podrían imponer su punto de vista (sin duda justo) a los mayoritarios. Hay que constatar, sin embargo, la injusticia intrínseca del actual estado de cosas, establecido durante la Transición en loor de una mayor “gobernabilidad” del país. En la práctica ha creado un bipartidismo no muy diferente del de la Restauración decimonónica y es un eficaz cerrojo a la participación ciudadana. Consagra la Partitocracia, que no es exactamente lo mismo que la Democracia.
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