EL regionalisma y la comunidad autónoma (Castilla-La Mancha). Un ejemplo de palabras ameba

Como aplicación del lenguaje de palabras ameba, elásticas y chiclosas aptas para todo tipo de logomaquias huecas, verborrea insulsa y políticamente correcta, expuestos sintéticamente sus principios básicos de funcionamiento por Vladimir Volkoff en este mismo blog, se inserta a manera de ilustración el siguiente artículo, todo una pieza antológica de género.

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EL REGIONALISMO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Publicado en Castilla-La Mancha. La tierra del Quijote, Número, 45, (2006), pp. 56-61.


Dentro del propósito general de esta serie de trabajos sobre las señas de identidad en nuestra región, el presente artículo intenta efectuar una aproximación al fenómeno del regionalismo político en Castilla­La Mancha. Para ello se ha optado por partir de una triple perspectiva de carácter temporal marcada por la conocida división entre pasado, presente y futuro. Siendo así, conviene señalar que la primera parte del mismo se ocupará de analizar el surgimiento y evolución en la época contemporánea de las ideas y movimientos regionalistas en las provincias que hoy conforman Castilla­La Mancha. El segundo apartado centra su atención en el momento en que se produjo la actual plasmación institucional de unas renovadas inquietudes autonomistas, es decir, el período de la transición y consolidación democrática. La tercera y última parte de este estudio toma forma a través de una serie de reflexiones que intentan anticipar cuáles serán, en un futuro inmediato, las claves en torno a las que girará la cuestión regional en el contexto del Estado español y más concretamente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


¿REGIONALISMO CASTELLANO-MANCHEGO ANTES DE CASTILLA-LA MANCHA?
Rastrear en los orígenes del regionalismo político entre las gentes que vivieron en los territorios que hoy componen la Comunidad Autónoma de Castilla­La Mancha resulta una tarea en sumo grado compleja. Una dificultad que se explica por una sencilla razón: con anterioridad a la implantación del actual sistema descentralizador nacido con la democracia, apenas existieron dichas inquietudes regionalistas entre los habitantes de las cinco provincias. Siendo aún más exactos en esta apreciación: las escasas que se dieron, carecieron en todo momento de una entidad suficiente o de una trascendencia notoria. No obstante, sería injusto dejar sentada aquí la idea de que el regionalismo no prendió en absoluto en estos territorios hasta la transición democrática. Aunque a mucha distancia de otras áreas del Estado, también broto aquí la semilla del regionalismo.

Y al igual que sucede respecto a otros lugares, son los años finales del siglo XIX y principios del XX el período al que necesariamente hay que remontarse para iniciar esta aproximación. Durante esta etapa las reivindicaciones regionalistas cobran en España una fuerza desconocida hasta entonces. Algo especialmente evidente tras el desastre colonial del 98, acontecimiento que condujo a un replanteamiento global de todas las esencias nacionales y al cuestionamiento del orden centralista vigente hasta el momento. Este fenómeno, que se detectó con especial nitidez en sociedades dotadas de una cierta conciencia de identidad basada en las tradiciones, en la lengua y en la historia
– de manera singular en Cataluña y el País Vasco – no dejó de notarse en otras zonas del país, transmutándose en unos movimientos reivindicativos que en la mayoría de los casos no fueron sino corrientes de reacción opuestas a las reclamaciones vascas y catalanas. Así sucedería en buena medida en lo que hoy es Castilla­La Mancha. Un regionalismo – el surgido en este territorio – que estaría, además, marcado por una singularidad expresada de manera emblemática en la denominación actual de la Comunidad Autónoma. Esta particularidad no es sino la existencia en estas provincias de un claro dualismo castellano/manchego. Dos formas distintas – aunque en ocasiones la primera subsumiera a la segunda – de afrontar el afán regionalista, y que marcarían los cortos y leves momentos de refulgir regionalista en estas tierras.

En cualquier caso hasta la llegada de la II República esos instantes se vieron concretados en contadas realizaciones. Entre las más sobresalientes se podría destacar la creación en 1906 del Centro Regional Manchego en Madrid, la celebración de una Asamblea de la Juventud Central Manchega en 1919, o los tenues e infructuosos intentos de crear una Mancomunidad de provincias a inspiración de la catalana, proyecto este que volvería a recuperarse – para ser de nuevo muy pronto desechado – durante la dictadura de Primo de Rivera. Durante el régimen republicano, al rebufo de las posibilidades de descentralización que el llamado Estado Integral ofrecía, también en Castilla-La Mancha se exploraron las vías autonomistas. Así, en agosto de 1931 tenía lugar en Madrid una reunión de los diputados de las provincias manchegas, planteándose en dicho encuentro la viabilidad de un proceso político que terminase en la institución de un Estatuto manchego. Otras circunstancias como el surgimiento de una Agrupación Regionalista de Toledo en julio de ese año, o la creación en octubre de 1932 de un Partido Autónomo Manchego en Ciudad Real, demostraron el resurgir del regionalismo manchego. Pero ninguno de estos esfuerzos llegó a cristalizar en resultados tangibles.

Y si escasos e intrascendentes fueron los ensayos regionalistas en etapas anteriores a la Guerra Civil, durante la subsiguiente dictadura franquista las tentativas en este sentido fueron insignificantes por no decir inexistentes. Tan sólo un ligero logro merece ser notado: la constitución en 1962 del Consejo Económico Sindical Interprovincial de La Mancha que tendría como principal misión la coordinación de los Consejos Provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. En Castilla­La Mancha – en consonancia con lo acontecido en el resto del Estado – franquismo fue sinónimo de autoritarismo, centralismo, y falsa homogeneidad; panorama este aderezado en nuestra región con buenas dosis de atraso, marginación y pobreza.



DEMOCRACIA, AUTONOMÍA Y REGIONALISMO: 1976-2006.

No eran hondos ni firmes, pues, los cimientos sobre los que tenía que intentar levantarse la autonomía castellano-manchega. En la memoria histórica de los habitantes de estas tierras difícilmente se podía recurrir al anhelo común del pasado como justificador de unas emergencias regionalistas, que con el retorno de la democracia, se hicieron – entonces sí – más reales y posibles que nunca. Partiendo de este hecho, no es menos cierto que en estos treinta años que han transcurrido desde el final de la dictadura franquista, Castilla­La Mancha surge y se apuntala como nuevo ente referencial para las vidas de los habitantes de sus cinco provincias. Dentro de este proceso se pueden establecer dos fases bien diferenciadas: aquella que se podría denominar como de “gestación regional”, que tuvo lugar entre los años 1976 a 1983, y una segunda fase de “consolidación autonómica” que se extiende desde esa fecha hasta el presente.

Durante esa primera fase de “gestación regional” acontece el nacimiento a la Historia de la región castellano­manchega como nuevo organismo político­institucional. Dicho mecanismo se inserta dentro de lo que podríamos calificar como “transición territorial o autonómica”, es decir, los años en que quedaron cerradas – no del todo como tozudamente se empeña en recordarnos la actualidad política de nuestros días – las bases del sistema de organización territorial del Estado. El mencionado proceso de descentralización generalizada, fue consecuencia directa de la conjugación de toda una serie de factores: las fuertes reivindicaciones nacionalistas existentes en Cataluña y el País Vasco, la identificación “autonomía-democracia” que se produjo durante la dictadura en buena parte del espectro ideológico antifranquista, y la percepción cada vez más extendida de que el centralismo franquista estaba agotado como eficaz modelo de gestión administrativa. Si a estos motivos se le añade el deseo de diluir las particularidades vasca y catalana, y los efectos de emulación que con prontitud las élites políticas emprendieron en otro lugares del país, encontramos plenamente caracterizado el esquema que marca la puesta en marcha del famoso “café para todos”, el que explica entre otras cosas el nacimiento de Castilla-La Mancha.

Los orígenes de este proceso se detectan aún en momentos predemocráticos, siendo el mejor ejemplo de ello la reunión de procuradores franquistas que tuvo lugar en la localidad conquense de Mota del Cuervo a finales del mes de mayo de 1976, convocatoria a la que acudieron representantes ya de las cinco provincias. El final del mismo puede fijarse en el mes de mayo de 1983, con la celebración de las primeras elecciones autonómicas y la constitución de las primeras Cortes Regionales elegidas directamente por los castellano­manchegos. Entre ambos momentos se situaron acontecimientos tales como la etapa preautonómica, el cumplimiento de los requisitos marcados por el Artículo 143 de la Constitución, la asunción de las primeras competencias, y como hecho más destacado la promulgación en agosto de 1982 del Estatuto de Autonomía de la región. Y a lo largo de estos años la superación también de los obstáculos y debates que dificultaron el proceso: el debate en torno a la inclusión de Madrid, las dudas de Guadalajara y Albacete, las dificultades derivadas del provincialismo, de la lucha política y la que muy posiblemente constituyó la principal de las trabas, la falta de espíritu o identidad regional. A la altura de 1982 apenas la mitad de los castellano­manchegos identificaban correctamente la composición provincial de su región o podían citar con exactitud la denominación oficial de la misma.
En 1983 finalizaba, pues, un proceso de culminación político­institucional, que con su reafirmación ha posibilitado esa nueva fase que he calificado de “consolidación autonómica”. Esta nueva etapa que llega hasta el presente se ha fundamentado en dos pilares esenciales. En primer lugar, habría que aludir al consenso generalizado respecto al modelo de organización territorial. A pesar de evidentes – y ciertamente no menores – desajustes respecto al cierre definitivo del modelo; la vigencia y permanencia del Estado descentralizado en España no parece estar en cuestión. En la medida en que esto es así, la existencia de Castilla­La Mancha parece estar también garantizada.

El segundo factor que ha contribuido a esta etapa de afianzamiento autonómico tiene que ver con la visión que los propios castellano-mnnchegos han podido ir haciéndose de su autonomía en todos estos años. El acceso y el disfrute de la autonomía han coincidido en el tiempo con el período de mayor desarrollo y progreso en la historia de estas tierras. Los castellano-manchegos han visto como sus condiciones de vida en todos los sentidos han cambiado a mejor de forma fulgurante. Todo ello unido al cuarto de siglo ya de existencia regional, ha ido afianzando la idea y el valor de Castilla-La Mancha en la mente de sus habitantes. En 1976 muy pocos eran los que en estas cinco provincia enarbolaban la bandera del regionalismo. Treinta años después, sin embargo, Castilla-La Mancha aparece como una realidad plenamente consolidada.






CASTILLA-LA MANCHA: FUTURO REGIONAL Y FUTURO DEL REGIONALISMO.

Los nuevos retos que se avecinan en el futuro del regionalismo en Castilla-La Mancha – ambos determinados fundamentalmente por su pertenencia a los contextos español y europeo – pueden ser englobados en dos grandes líneas. Dos tipos de problemáticas que, sin bien poseen caracteres y dinámicas propias, no escapan a una inevitable e intensa influencia recíproca con unas interconexiones tan estrechas entre sí que muchas veces los hacen indistinguibles. Por un lado, será interesante ver en los próximos años como evolucionará en nuestra región – como también en otras del ámbito estatal – todo lo relacionado con el complejo entramado de lo identitario. Comprobar en qué medida los castellano-manchegos nos identificaremos como tales – en contraposición o prevalencia a la identificación como españoles – o como integrantes de otros ámbitos territoriales diferentes, será un elemento de valor esencial para ver hacia dónde camina el regionalismo en Castilla-La Mancha.

Pero sin duda dentro del tema regional y nacional el gran protagonismo en el corto y medio plazo, tanto en nuestra Comunidad como en el resto de España, se relaciona de forma directa con lo político­institucional y de forma más concreta aún, con el trabado problema respecto a la organización territorial del Estado español. Lo que verdaderamente está en juego es la forma en que las distintas CC.AA modelarán las posibilidades que el ordenamiento constitucional les ofrece respecto a su acceso y disfrute de la autonomía, y en el mismo sentido, el modo en que el Estado va encauzando, orientando y retocando esos caminos “individuales” para salvaguardar una especie de necesario “equilibrio global”.

En la actualidad buena parte del conjunto de las CC.AA españolas, incluida Castilla-La Mancha, están sometiendo a un proceso de reformas aquellos instrumentos que, tras la Constitución, se erigen en las más elevadas plasmaciones del ordenamiento autonómico español: los Estatutos de Autonomía. Del final de este camino – marcado de manera especial por la aprobación de un nuevo Estatuto catalán y el aún incierto proceso de cese de la violencia en el País Vasco – todo hace pensar que surgirá un remodelado Estado autonómico, acaso más cercano a cerrar el que ha sido uno de los principales problemas en la historia del país, un problema que ni siquiera la Carta Magna y el proceso de democratización han sabido solventar de manera definitiva. En medio de este panorama, y como ya se ha apuntado, Castilla-La Mancha también ha puesto en marcha su propio mecanismo de reforma estatutaria.

¿Cuáles son las principales novedades del nuevo proyecto estatuario respecto al aprobado en 1982? Según declaraciones de los máximos responsables políticos de la región, el nuevo Estatuto tiene como principal finalidad lograr una mejora constante de las condiciones de vida de los castellano­manchegos, prestando especial atención a la profundización de los derechos de ciudadanía con objeto de optimizar la asistencia que los poderes públicos ofrecen a los colectivos más necesitados En este punto, el actual presidente autonómico, José María Barreda Fontes, ha llegado incluso a proponer en sede parlamentaria la inclusión en el texto autonómico de una Carta de Derechos de Ciudadanía. No obstante, está previsto que el nuevo texto estatutario atienda a toda otra serie de aspectos como serían la prevención de riesgos laborales; la plena equiparación de géneros y la protección integral contra la violencia de género; el reconocimiento del derecho a un medio ambiente adecuado y el acceso a la información; y los derechos derivados de la plena protección de los consumidores. Y los que serían los “temas estrella”: por un lado el texto autonómico deberá intentar garantizar el mayor nivel competencial posible que permita la Constitución con relación a una materia tan sensible como la política del agua. De otro, se pretende la creación de un marco solidario y renovado de financiación con cobertura estatutaria, que se inserte plenamente en el precepto constitucional que establece que las capacidades económicas de actuación de las distintas CC.AA deberán estar presididas por el principio de la solidaridad interterritorial.

En definitiva, el Estatuto también deberá definir el marco de relaciones con las otras CC.AA, con el Estado y la Unión Europea, ya que la complejidad de nuestro sistema económico y social provoca que las decisiones de cada Comunidad no afecten únicamente a las disposiciones del Estado en su conjunto, como se suele considerar, sino que también condicionen las políticas del resto de CC.AA. Los desafíos que diseña el porvenir en nuestra región respecto a la idea “regional” quedan ya un poco apartados de los que ocasionó el replanteamiento de la esencia nacional en los albores del siglo XX. Al mismo tiempo, exigen nuevas reformulaciones respecto al problema autonómico que hubo de afrontarse en la transición. En la forma y manera en que – insertos como estamos en un contexto estatal e internacional cada vez más globalizado e interdependiente – se afronten estos retos estará la medida de nuestro futuro como castellano-manchegos.






























































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NO VOTES (II)